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Retenciones: un nuevo pedido para “acelerar” las rebajas y el “costo invisible” medido en maíz
infocampo.com.ar

Mientras se aguarda que el Poder Ejecutivo publique el decreto que formalizará la rebaja de retenciones anunciada por el presidente, Javier Milei, y detallada por el ministro de Economía, Luis Caputo; las repercusiones por dicha novedad siguen llegando.

Luego de que el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, formulara durante el Congreso Maizar una suerte de queja por lo que considera falta de un contundente apoyo a estas medidas que favorecen al agro, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) salieron a respaldar la decisión; pero pidieron “acelerar” el proceso, para que las rebajas lleguen más rápido, y también que se disponga un cronograma hasta su eliminación completa, que incluso sea acordado por ley.

En paralelo, también durante el Congreso Maizar, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) presentó un informe en el que le puso números al perjuicio que sufre la cadena del maíz por este impuesto: entre otros datos, aseguró que, sin retenciones, este cereal y sus industrias asociadas podrían generar U$S 15.000 millones más en exportaciones y 127.000 puestos de trabajo.

“La reducción de retenciones es el camino, la eliminación debe ser el objetivo”, se titula el comunicado que difundió Carbap, en el que dijo valorar el anuncio de Milei respecto al cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX).

“La decisión constituye una señal positiva y coherente con el camino que el Gobierno Nacional viene impulsando en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio, ordenamiento macroeconómico y recuperación de los equilibrios fiscales. Reconocemos los avances alcanzados en estos aspectos, que han contribuido a generar un escenario de mayor previsibilidad para la producción y la inversión”, elogió la Confederación.

Y continuó: “Consideramos que el equilibrio fiscal debe consolidarse como una verdadera política de Estado. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la Argentina y constituye una demanda histórica de quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.

No obstante, hizo foco en que no son solo las retenciones el problema impositivo que afecta al agro. “Entendemos que el esfuerzo por alcanzar y sostener el equilibrio fiscal debe ser acompañado por todas las jurisdicciones. Mientras se avanza en la reducción de impuestos nacionales, preocupa la creciente aparición de tasas municipales y tributos provinciales que, muchas veces sin una contraprestación efectiva, terminan reemplazando los gravámenes que se eliminan y profundizando la presión fiscal sobre la producción”, subrayó la entidad que conduce Ignacio Kovarsky.

En ese sentido, enfatizó: “La competitividad del sector agropecuario no depende únicamente de los Derechos de Exportación; también se ve afectada por una estructura impositiva provincial y municipal que continúa expandiéndose y que requiere una profunda revisión”.

De todos modos, más allá de los elogios a la medida sobre las retenciones, Carbap considera que el cronograma anunciado debería contemplar una reducción más acelerada del tributo.

“Si bien comprendemos los desafíos que implica sostener el equilibrio de las cuentas públicas, no resulta razonable que dicho esfuerzo continúe recayendo de manera desproporcionada sobre un único sector productivo a través de un impuesto distorsivo que desalienta la producción, limita las exportaciones, reduce la inversión y afecta la incorporación de tecnología”, se quejó.

En este punto, Carbap apuntó su mirada sobre que la producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía.

Repasó al respecto que, mientras numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, como los contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el agro sigue soportando una carga tributaria diferencial que condiciona su competitividad y restringe su potencial de crecimiento.

“Por ello, consideramos fundamental que el cronograma anunciado no tenga como horizonte final el año 2028, sino que establezca de manera explícita el camino hacia la eliminación total de los Derechos de Exportación”, remarcó la Confederación.

Del mismo modo, expresó que dicho sendero debería quedar plasmado en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a recurrir a este instrumento que ha demostrado ser perjudicial para el desarrollo productivo y exportador del país.

“Los fundamentos para avanzar en esa dirección son cada vez más sólidos. En su reciente informe sobre la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional identificó a los Derechos de Exportación como uno de los principales impuestos distorsivos que afectan el crecimiento, las exportaciones, la inversión y la incorporación de tecnología”, mencionó Carbap.

Asimismo, citó estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que muestran que su eliminación permitiría incrementar significativamente las exportaciones agroindustriales en la próxima década, además de generar mejoras en la producción, el ingreso de divisas y el crecimiento económico del país.

“Estas conclusiones ratifican algo que el sector productivo viene señalando desde hace años: la eliminación de los Derechos de Exportación no debe ser vista como un beneficio sectorial, sino como una herramienta de desarrollo para toda la Argentina. Más producción significa más actividad económica, más empleo, más exportaciones, más divisas y una mayor capacidad de generación de riqueza para el conjunto del país”, agregó Carbap.

Bajo este panorama, la entidad aseguró que seguirá acompañando todas aquellas medidas que fortalezcan la estabilidad macroeconómica, promuevan la inversión y permitan liberar el enorme potencial productivo del interior argentino.

“El camino iniciado es positivo, pero el objetivo final debe ser claro: la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación y la construcción de un sistema tributario que incentive la producción en lugar de castigarla”, cerró.

El “costo invisible” de las retenciones en el maíz

Por otro lado, durante el Congreso Maizar, la economista Antonella Semadeni de FADA presentó un estudio en el que analiza el potencial de la cadena maicera y cómo podría mejorar su derrame económico si pudiera operar sin retenciones.

Semadeni partió de la base de los datos actuales del maíz: en esta campaña, está llegando a una cosecha cercana a 70 millones de toneladas, de las cuales el 57% se exporta como grano, generando ingresos por U$S 6.600 millones (Argentina es el tercer exportador mundial del cereal).

Luego sigue el uso ganadero, que se lleva el 25%, distribuido un 10% en la avicultura, un 6% en la producción de carne bovina, un 5% en la lechería y un 3% en los porcinos.

El 17% de la cosecha restante va el 13% a molienda (la gran mayoría para alimento balanceado) y el 4% para la fabricación de bioetanol.

Todas estas actividades, en conjunto, generan 272.000 puestos de trabajo.

¿Y qué pasaría si las retenciones fueran cero, según FADA?

La cosecha podría crecer en 32 millones de toneladas, hasta alcanzar la barrera de 100 millones.
Las exportaciones como grano podrían alcanzar 19,1 millones de toneladas, generando U$S 4.200 millones más.
La producción de carne vacuna podría sumar 1,6 millones de toneladas, lo que implica U$S 9.800 millones extra en la economía.
La fabricación de bioetanol podría incrementarse hasta 1,5 millones de metros cúbicos, sumando U$S 1 millón.
La carne aviar sumaría 1,3 millones de toneladas, que equivalen a U$S 4.300 millones.
La carne porcina adicionaría 1,2 millones de toneladas, que representan U$S 4.500 millones.
En total, las exportaciones asociadas a la cadena maicera podrían aumentar en más de U$S 15.000 millones y crearse 127.000 empleos adicionales, según los cálculos de Semadeni.

En tanto, otra forma de FADA de analizar el impacto de las retenciones es el “costo invisible” de las inversiones que se podrían haber realizado en los últimos años si el maíz no hubiera tenido el peso de este impuesto.