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Inseguridad: en Santa Fe aprobaron una novedosa ley contra el abigeato, el vandalismo a silobolsas y otros hechos graves
José E. Bordón
lanacion.com.ar

SANTA FE.- Resueltos a dar batalla para romper la barrera contra la inseguridad rural, tras varios años de lucha sin control contra delitos como el abigeato y otros, la Legislatura santafecina aprobó la última semana de noviembre un proyecto de ley novedoso.

Se trata de la denominada Ley de Abordaje Integral del Ilícito Rural, una herramienta clave para fortalecer la seguridad en las áreas rurales y brindar protección a los productores frente a delitos como abigeato, la destrucción de silobolsas, faena ilegal, incendios intencionales, trillas clandestinas y robo de maquinaria agrícola. La normativa tiene como objetivo prioritario la prevención e intervención conjunta del delito rural, en un esfuerzo que involucra a varias agencias del estado provincial, las asociaciones rurales y el Poder Judicial.

Mariano Cuvertino, diputado de “Unidos para Cambiar Santa Fe”, autor de una de las iniciativas en esa línea, resaltó: “Es una ley que tiene su origen en una política pública impulsada por Miguel Lifschitz (socialista, exgobernador de Santa Fe) en 2018, diseñada para dar respuesta a una demanda de las asociaciones rurales. Este proceso se consolidó durante los siguientes gobiernos santafecinos, siempre en diálogo con el sector, que es quien aporta conocimiento y experiencia en el tema”, detalló.

En posteriores declaraciones a la prensa, Cuvertino señaló que “a partir de ahora, la provincia cuenta con un marco legal que garantiza la continuidad de esta política, que va a poder implementarse más allá de los vaivenes propios de los recambios constitucionales”.

“La ley –sostuvo- es fruto del diálogo y de la cercanía con los principales actores rurales y viene de un gran trabajo con todas las instituciones del sector con el gobierno”, agregó Cuvertino haciendo referenciar a los aportes recibidos de particulares e instituciones y que abonaron el texto finalmente aprobado. Dicho proyecto fue votado en la anteúltima sesión ordinaria de este año por parte de la Legislatura de Santa Fe.

Nuevos delitos

La ley establece la creación del Consejo Provincial para el Abordaje Integral del Ilícito Rural, que funcionará como un espacio de trabajo interinstitucional bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad. Este Consejo articulará con representantes de municipalidades, comunas, fuerzas de seguridad y asociaciones rurales para diseñar políticas públicas, coordinar acciones preventivas, y brindar capacitaciones orientadas a la lucha contra el delito en las zonas rurales.

También crea el Sistema de Información Georreferenciado del Ilícito Rural, que permitirá recopilar y analizar datos clave para la intervención de las fuerzas de seguridad, el diseño de políticas públicas y la investigación judicial.

Debe indicarse que la ley comprende delitos tipificados en el Código Penal Nacional y del Código de Convivencia de la provincia de Santa Fe que se hayan producido en el ámbito rural. A su vez, contempla la formación de funcionarios, fuerzas de seguridad y magistrados, buscando poder abordar el delito con conocimiento específico y herramientas técnicas y el trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Para que no quedaran dudas de su posición, Cuvertino dijo que “en Santa Fe, la vida y la propiedad de los productores es una prioridad. En un momento como el que vivimos, donde el Estado Nacional se corre de sus responsabilidades, recorta funciones y recursos, nosotros reforzamos la política de seguridad rural y damos respuesta a una demanda que tiene el sector, que es uno de los principales generadores de trabajo y de riqueza de nuestra provincia”, concluyó el legislador.

Mesas regionales

Por la misma problemática el gobierno santafecino concretó encuentros en Rafaela y Reconquista, donde puso en marcha las mesas regionales de seguridad rural, cuyo objetivo es coordinar acciones con todas las agencias de seguridad y actores involucrados, monitoreando los resultados del Programa Provincial de Seguridad Rural.

Los encuentros tuvieron como objetivo principal profundizar el abordaje estratégico en materia de seguridad rural, en una acción coordinada entre los organismos de seguridad, producción y justicia, junto a entidades agropecuarias y representantes de gobiernos locales. También se evaluaron las medidas implementadas hasta la fecha y se realizaron ajustes orientados a optimizar la labor conjunta entre las fuerzas de seguridad y las diversas instituciones.

En tanto, el gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) firmaron un convenio con cuatro entidades representativas del sector productivo y agrario: Carfse, Cominero, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina, con el propósito de trabajar en conjunto para identificar y abordar las principales problemáticas que afectan la producción rural.

“La presencia de cada fiscal regional, de representantes de las organizaciones agropecuarias es fundamental, ya que son ellos los principales responsables de garantizar cómo funciona el sistema de justicia criminal en estas situaciones”, señalaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad tras la rúbrica y luego destacaron “la importancia de mejorar las herramientas del Estado para ofrecer respuestas más rápidas y efectivas”.

Finalmente, explicaron que “el trabajo en estas mesas de seguridad rural permite conocer las problemáticas directamente de los actores involucrados, tejer redes de colaboración para encontrar soluciones, trazar líneas de acción y generar políticas públicas de calidad”.