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"Hay mucha preocupación": los prácticos dejaron de prestar servicios tras la desregulación del Gobierno y hay más de 150 barcos paralizados
Esteban Fuentes
clarin.com

Los principales puertos del país permanecen paralizados porque los prácticos dejaron de prestar servicio luego de que el Gobierno nacional desregulara integralmente el servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026. Según fuentes de la agroindustria, más de 150 buques permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de los puertos. El decreto surge por iniciativa del ministro desregulador, Federico Sturzenegger.

Los prácticos se ocupan de ingresar y sacar a los buques de los puertos. Es un oficio de personas muy especializadas y son pocos. Por ejemplo, para toda la zona portuaria porteña y del Dock Sud hay apenas 24 prácticos. Pero desde cerca de Sturzenegger justifican que representan un 8% del costo total y que pueden ser reemplazados.

"Los barcos están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse", resumió una fuente ligada al negocio de la agroexportación.

Según fuentes vinculadas al conflicto, los prácticos iniciaron el cese de actividades el 1° de agosto, rechazando la prestación de servicios por "falta de disponibilidad", en respuesta al decreto que modifica el régimen vigente desde 1991. El Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque "técnicamente no existe un conflicto laboral", sino una decisión individual de los prácticos de no prestar servicios, explicaron.

El principal cuestionamiento del sector es que la norma elimina el sistema cerrado de inscripción, fija tarifas máximas, libera el transporte de embarque y desembarque y permite que determinados capitanes extranjeros con conocimiento de zona puedan navegar sin contratar prácticos.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de desde donde sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, señalaron que "hay mucha preocupación" por la situación.

"Puede tener un impacto directo en el ingreso y circulación de los barcos. Es un tema que excede a las empresas y entendemos que está vinculado con el nuevo decreto", señalaron.

Además, las entidades indicaron que mantienen conversaciones con la Asociación Mutual de Prácticos (AMPIN) y con la Prefectura Naval Argentina para intentar normalizar la situación. "Lo que queremos es que no haya lockout. Ningún práctico está trabajando y tenemos todo paralizado", agregaron desde la agroindustria.

El conflicto también encendió una señal de alarma en el sector energético. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas y del resto de la industria que requiere servicios de practicaje se encuentran interrumpidas por la indisponibilidad de prácticos, una situación ajena al sector pero que podría generar dificultades en el abastecimiento de combustibles.

La entidad precisó que la medida afecta los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se distribuyen combustibles hacia distintos puntos del país, además de Caleta Córdova, en Chubut, una terminal estratégica para el traslado de petróleo hacia las refinerías.

El Gobierno sostiene que el Decreto 690/2026 busca modernizar una regulación vigente desde hace más de tres décadas, eliminar restricciones que limitaban la competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior.

"La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", había afirmado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras la publicación del decreto.

Según los datos que aportó el funcionario, el sistema anterior generaba barreras de ingreso y elevados costos: El practicaje de un buque Panamax en el Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires, por ejemplo, cuesta US$ 16.903, muy por encima de puertos de Estados Unidos, Europa y México.

En medio del conflicto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar formalmente a los prácticos para que retomen de inmediato la prestación del servicio. En las notificaciones recuerda que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advierte que la interrupción de la actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

Si bien el decreto prevé que, ante una crisis, la Prefectura pueda habilitar temporalmente a capitanes con certificado de conocimiento de zona para prestar el servicio, fuentes del sector consideran que esa alternativa no permitiría resolver la situación de manera inmediata, especialmente en las maniobras de buques petroleros, que requieren experiencia específica y cuentan con un número limitado de profesionales habilitados.