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El Gobierno suspendió el
decreto de desregulación para los prácticos en los puertos, que accedieron a reducir sus
tarifas
clarin.com
Un día después de iniciado el paro de prácticos en los puertos de todo el
país que detuvo la actividad económica de granos y de combustibles, el Gobierno nacional
dispuso este martes suspender el decreto de desregulación del sector y anunció la
conformación de una mesa de trabajo.
El Gobierno anunció que se alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de
practicaje, el que se encarga de guiar a los buques en su llegada a los puertos, y que
contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de
asistencia a la navegación de buques.
Para llegar a este acuerdo, el gobierno dio marcha atrás con el decreto 690/2026, que
surgió por iniciativa del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, había explicado esta mañana que la norma buscaba
generar la entrada de "nuevos actores" a la actividad.
Si bien por la mañana Ravier estimaba que "seguramente" se iban a aplicar
sanciones a quienes se plegaron a la medida de fuerza iniciada el lunes, horas después el
Gobierno explicó que para llegar a una solución dispuso la creación de una mesa de
trabajo dedicada a "alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos
abordados".
John Ryan, presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, destacó esta noche el rol
clave de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para llegar al
entendimiento al señalar que la funcionaria decidió armar esta reunión y la
situación está resuelta.
Además, sumó que puertas adentro de los trabajadores afectados, tuvimos un Zoom
con más de 400 prácticos", tras la cual afirmó al canal A24 "ya están todos
anunciados y están retomando sus actividades". "En las próximas horas los
buques se van a empezar a mover, acotó.
Los "prácticos" son capitanes de barcos de menor porte que se ocupan de
ingresar y sacar a los buques de los puertos, que realizan pocos especialistas al punto
que en la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires y la bonaerense de Dock Sud hay
apenas 24 prácticos.
Desde la cartera de Desregulación advirtieron que representan un 8% del costo total y que
pueden ser reemplazados. De manera oficial, al anunciarse la desregulación, el ministro
declaró que "la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el
desarrollo, no un kiosco regulatorio".
Buques detenidos y el riesgo de un efecto en cadena
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC)
señalaron este martes que el impacto económico comenzaba a ser significativo dado que
había más de 45 buques detenidos y se estimaba que crecía de a 30 barcos por día.
El costo de esa inmovilización también resultaba considerable. El sector estima que cada
barco detenido generaba sobrecostos de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios,
principalmente por demoras, penalidades contractuales y gastos operativos.
Las cámaras recordaron además que el Gran Rosario, junto al corredor San
Lorenzo-Timbúes, constituye el principal polo exportador agroindustrial de Argentina,
desde donde sale la mayor parte de las exportaciones nacionales de soja, maíz, trigo y
sus derivados. Por ello, cualquier interrupción en ese nodo logístico tiene
repercusiones inmediatas sobre el comercio exterior.
Los denominados "prácticos de puerto" son expertos capitanes de maniobras que
trabajan con apoyo de remolcadores y amarras. Algunas veces suelen abordar los buques
cerca del muelle al que deben atracar, como los casos de Mar del Plata o Necochea o cuando
se trata de un trayecto corto, realizan el pilotaje de un canal, como en el Puerto de
Buenos Aires o Bahía Blanca y luego atracan el buque.
La discusión por el costo del servicio de practicaje surgió tras el decreto de
Sturzenegger para desregular ese sector al sostener que en Argentina llega a cuatro veces
más caro que en otros países.
Este servicio es obligatorio para embarcaciones de pasajeros y de transporte.
El Ministerio de Desregulación dio a conocer los costos en un comunicado donde señaló
que un buque carguero de tipo Panamax que ingresa a puertos internacionales paga entre
1.500 y 4.700 dólares por el servicio de practicaje, mientras en Argentina el precio va
de 9.364 a 16.903 dólares, dependiendo del puerto de destino.
Y, los mayores costos corresponden a la ciudad de Buenos Aires. Allí, el ingreso al río
de la Plata supera los 16.900 dólares y en los puertos patagónicos llega a los 11.237
dólares.
Los prácticos no están sindicalizados y la Asociación de Capitanes tuvo que
salir a aclarar su postura
En medio de la polémica por la medida de fuerza y la aparición en los medios del
capitán Oscar Mendoza, presidente de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos
Fluviales de la Marina Mercante, la entidad aclaró esta tarde que "no ha dispuesto,
convocado, promovido, instruido ni emitido directiva alguna tendiente a la interrupción,
suspensión, abstención o negativa de prestación de servicios profesionales, ni ha
impartido instrucciones destinadas a afectar la continuidad de las actividades
comprendidas en su ámbito de actuación institucional".
A través de un comunicado la asociación de capitanes explicó que solo buscó
"informar a sus representados, analizar el alcance del nuevo marco normativo y poner
en su conocimiento las distintas circunstancias derivadas de su aplicación, sin impartir
instrucciones relativas al ejercicio individual de la actividad profesional ni promover
conductas orientadas a afectar la continuidad de los servicios".
Además, dio precisiones sobre el alcance de la representación institucional al aclarar
que solo representa a "los trabajadores comprendidos en su ámbito estatutario y no
ejerce representación sindical respecto de los prácticos que desarrollan su actividad en
carácter de profesionales autónomos, quienes ejercen su profesión bajo su exclusiva
responsabilidad técnica y profesional y conforme al régimen jurídico que les resulta
aplicable".
El gremio de capitanes se despegó del conflicto con los prácticos al indicar que
"cualquier decisión vinculada con la aceptación, rechazo, programación o
ejecución de prestaciones profesionales" por parte de los prácticos es "una
determinación individual ajena a la asociación".



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