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Estafa con vacas: investigan una maniobra sin precedentes que perjudicó a una empresa del agro en $300 millones
Mariana Reinke
lanacion.com.ar

Luego de una denuncia realizada por una estafa millonaria en la compra de hacienda, el sábado pasado, en el pueblo de Berabevú, en el departamento santafecino de Caseros, la policía realizó un allanamiento en un feedlot de la zona que resultó fundamental para la causa en curso que lleva adelante la Justicia de Azul, Buenos Aires. Hace ya un tiempo que las autoridades judiciales buscan esclarecer un hecho delictivo ocurrido en febrero pasado. En el establecimiento de engorde a corral la policía encontró 365 cabezas de ganado, pertenecientes a 14 productores, por un valor aproximado de $300 millones.

Según pudo saber LA NACION, se trata de una presunta maniobra fraudulenta contra una reconocida consignataria -pidió reserva de su nombre- que realiza remates feria en la localidad bonaerense de Olavarría y se vio afectada por el incumplimiento en los pagos por la compra de animales.

En este sentido, gracias al operativo policial se pudo recuperar los 365 terneros livianos negros y colorados de la raza Angus, que fueron identificados como propiedad de unos 14 productores de Olavarría. Si bien los animales eran propiedad de los productores, la que responden en última instancia ante hechos así es la consignataria.

En rigor, una fuente cercana a la casa consignataria relató cómo se sucedieron los hechos, donde un productor oriundo de Olavarría, cuyo nombre está en reserva y que venía operando de manera habitual con la firma, en enero presentó su cesación de pagos. Aun así, en febrero compró en un remate feria de esa empresa unos 365 animales para días después presentarse en concurso. Recordó que ya lo vinculaban con la estafa de más US$2 millones en una compraventa de hacienda en Olavarría el año pasado, pero que el productor decía “que su conexión con el imputado de ese hecho era que le había prestado unos $300 millones”.

Según describió, luego de cargar la hacienda en la feria, el 24 de febrero inmediatamente el productor vendió y envió en camiones todos los terneros hacia la provincia de Santa Fe. “Compró a su nombre para llevar a su campo por papeles, pero al otro día ya estaban vendidos. Estaba habilitado a comprar desde julio del año pasado y en febrero, cuando se presenta en concurso, se justifica con ese préstamo de plata a ese productor de la estafa anterior. Nunca supimos que en enero ya estaba en cesación de pagos. Y en febrero se presenta en convocatoria, pero no muestra la totalidad de las facturas nuestras: presentó una factura por $180 millones y no por los $260 millones que era lo que realmente nos debía para que le quede un menor valor y llegar a un acuerdo con sus acreedores. Omitió facturas, eso es muy grave”, dijo a LA NACION.

“Nosotros nos enteramos del concurso dos semanas posteriores. En ese tiempo, estuvo diciendo que tenía problemas personales para poder emitir los pagos. Lo que nosotros no sabíamos era que estaba la cesación de pagos. Por eso inventó problemas personales para tomar tiempo. Confiados lo esperamos, nuestro rubro es un negocio de confianza”, agregó.

Cuando se enteraron de la maliciosa operación, realizaron la denuncia correspondiente y comenzó la investigación hasta dar con el paradero de dónde estaban los animales. “Creemos que hay una vinculación con la estafa del año pasado. Es un productor agropecuario de volúmenes chicos que tenía su feedlot en Olavarría y cuando necesitaba plata le vendía a terceros. Cuando llegamos al allanamiento en Santa Fe, el dueño del feedlot dijo que estaba en desconocimiento de que no se habían pagado los terneros. Aun no sabemos si hay complicidad o si este feedlotero le pagó los animales al productor que nos estafó. Es un establecimiento muy grande y cuando empezamos a revisar los corrales fuimos encontrando los animales. Procedimos a leer caravanas y pelar marcas y apareció la totalidad de la hacienda”, señaló.

Ahora los terneros permanecen en custodia mientras avanza la investigación. La firma espera que pronto se resuelva la causa. La fiscal Paula Serrano, titular de la Unidad de Fiscalización Inmediata (UFI) N°4 del Departamento Judicial de Azul, fue la encargada de ordenar el allanamiento del establecimiento. LA NACION intentó comunicarse con la magistrada, pero aun no obtuvo respuesta.