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Nuevo rumbo: llegan 100
camiones con soja a Vicentin para procesar y un ministro habló de cómo está la empresa
que irá a cramdown
José E. Bordón
lanacion.com.ar
SANTA FE.- Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de Rafaela que
habilitó el procedimiento del cramdown para comenzar a resolver el proceso judicial de
largo arrastre que involucra a la agroexportadora Vicentin, en concurso de acreedores
desde 2020, este miércoles las actividades productivas en las diferentes plantas de la
empresa continuaban desarrollándose normalmente.
En Avellaneda (al norte de la provincia) y en Ricardone (norte del Gran Rosario), se
procesa granos a fasón, es decir, por orden y cuenta de terceros. Por el momento, según
señalaron tanto desde el gobierno provincial como desde el sector laboral, no existe
ningún impedimento para que los trabajos continúen.
Se trabaja con los contratos de fasón vigentes. Y en Ricardone se van a sumar otros
actores. Pero, a la par, se está trabajando en los cupos de los fasones para San Lorenzo,
estableciendo plazos y condiciones, para poder firmar los contratos lo antes posible.
Mientras tanto, ya se arrancó con los trabajos de mantenimiento necesarios para poder
iniciar la molienda de soja. Se calcula un par de semanas más para que se trabaje con la
oleaginosa, explicó a LA NACION el ministro de Trabajo de la provincia, Roald
Báscolo.
Camiones
Según indicó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San
Lorenzo, Daniel Succi, hoy está previsto el arribo de 100 camiones con soja para la
planta en esa localidad, lo que posibilitaría un ingreso de casi US$2 millones. Hace
pocos días los gremios, la intervención judicial en Vicentin y la gestión del
Ministerio de Trabajo de la Provincia, alcanzaron un acuerdo con varios proveedores de
granos de la firma, para procesar a fasón unas 500.000 toneladas de granos.
Esa medida tiene vigencia acordada por seis meses. Lo que se busca ahora es saber si la
reciente resolución judicial condiciona el cumplimiento de este acuerdo, esto porque con
el producido de esa actividad se garantiza el pago de salarios a los trabajadores.
Para Báscolo, son cuestiones que van en paralelo pero que, a su criterio la
resolución (judicial) no afecta la producción. Señaló: Nuestra prioridad
era poner en marcha las plantas y poder mantener las fuentes de trabajo hasta que se
resuelva la cuestión judicial.
Sobre si falta aún terminar de firmar el acuerdo para que tenga validez legal, el
funcionario admitió que firmando los contratos de soja estaría garantizada la
continuidad productiva y laborar por los próximos seis meses, aunque reconoció que
sigue siendo un riesgo latente la deuda posconcursal (de Vicentin) que ya supera los
30 millones de dólares.
Desde el sector gremial, Leandro Monzón, secretario general del Sindicato de Obreros y
Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los departamentos General Obligado y San
Javier, dijo que la resolución de la Cámara rafaelina era una parte del proceso
que podía pasar, habida cuenta que varios oferentes querían entrar.
Nosotros, los trabajadores, estamos bien, esperando saber cómo sigue todo. Pero
esto no modifica nada lo de los fazones, subrayó el dirigente sindical en diálogo
con este medio. Por otra parte, recordó que por el acuerdo alcanzado recientemente este
martes se depositó el 40% de los sueldos de abril y se aguarda en los próximos días
conocer la fecha de pago del porcentaje restante y el adicional no remunerativo que obtuvo
la Federación Aceitera junto con el sindicato de San Lorenzo.
Ojalá que el período de salvataje salga bien y sigamos teniendo trabajo y se
termine esta incertidumbre que lleva más de cinco años, agregó Monzón.
Como se informó ayer, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial
y Laboral de Rafaela ratificó lo dispuesto el 15 de septiembre de 2023 por el juez de
Reconquista, Fabián Lorenzini, de no homologar el acuerdo propuesto por Vicentin para
cerrar su concurso de acreedores. De esta forma, la justicia de Santa Fe confirmó la
decisión de avanzar con un proceso de cramdown, una instancia legal inédita en Argentina
por el volumen económico que involucra.



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