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  Coninagro. “Queremos obras y caminos transitables, no que se nos obligue a elegir entre una cosa y la otra”
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La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) expresó su rechazo a la ley sancionada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que autoriza a los municipios, durante 180 días, a destinar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural afectados al mantenimiento de la red vial rural, a la ejecución de obras hídricas.

De esta manera, Coninagro se sumó al coro de descontento que comenzó con el primer reclamo a cargo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), al que luego se sumó la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), y más tarde también se quejó la Federación Agraria Argentina (FAA).

Aunque por separado, la Mesa de Enlace en conjunto (CARBAP forma parte de CRA) terminó uniendo su posición contra la decisión legislativa bonaerense, bajo un mismo argumento: está claro que se necesitan obras para prevenir inundaciones en el marco del fenómeno El Niño, pero no que se financien con lo que debe destinarse a un aspecto crítico para el agro y que también sufre ante los excesos hídricos: los caminos rurales.

“Compartimos el diagnóstico: la provincia necesita obras hídricas, y pocos lo saben mejor que las cooperativas cuyos asociados padecieron las inundaciones de los últimos años. Lo que no compartimos es la solución. La propia ley se funda en el riesgo de lluvias extraordinarias por el fenómeno de El Niño; si ese escenario se confirma, los caminos rurales van a requerir más mantenimiento que nunca, y es precisamente ese el momento en que sus fondos deben estar disponibles”, razonó, con lógica, la entidad cooperativa nacional.

Y completó: “Quitarles recursos para prevenir el agua es resolver un problema agravando el otro”.

Desde Coninagro invitaron a reflexionar que, para las economías regionales, el camino rural es la primera milla de toda la cadena, ya que un camino intransitable interrumpe la recolección, demora la descarga y encarece el flete en momentos de cosecha, nuevas siembras y el abastecimiento de alimentos en los mercados.

Además, detrás de cada camino están también las escuelas rurales, los centros de salud y las familias que eligen seguir viviendo en el interior.

Por eso, con espíritu constructivo, Coninagro planteó una serie de pautas para que el Poder Ejecutivo provincial tenga en cuenta a la hora de promulgar o reglamentar la norma:

Que las obras financiadas se limiten al ámbito rural y guarden relación directa con la conservación de la red vial rural.
La reposición al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales de los recursos que se utilicen.
La rendición pública de cuentas, municipio por municipio, del destino dado a esos fondos.
La participación de los productores y de sus cooperativas en la definición de las obras, a través de las comisiones viales locales.
“Asimismo, proponemos que las obras hídricas cuenten con un fondo específico y recursos propios, como corresponde a una política de Estado y no a una medida de emergencia financiada con dinero ajeno a ese fin”, añadió la Confederación.

Desde su punto de vista, la participación de quienes integran una comunidad en las decisiones que la afectan es la esencia del cooperativismo.

Por eso, Coninagro puso a disposición de la Provincia y de los municipios su red de cooperativas en el territorio bonaerense para relevar, distrito por distrito, el estado de los caminos y las obras hídricas prioritarias.

“Queremos obras y caminos transitables. No aceptamos que se nos obligue a elegir entre una cosa y la otra. Las cooperativas están dispuestas a sentarse con intendentes para definir qué obras hacen falta y dónde”, concluyó.