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Visec: las reglas del comercio
internacional no pueden transformarse en barreras para el agro argentino
Por Pablo Ginestet
lanacion.com.ar
La producción agropecuaria argentina enfrenta el desafío de adaptarse a las
crecientes exigencias ambientales y de trazabilidad de los mercados internacionales. Desde
Carbap entendemos que demostrar que producimos de manera responsable es fundamental para
preservar mercados y generar nuevas oportunidades comerciales. Pero cumplir con esas
exigencias no puede significar resignar la libertad del productor, aceptar condiciones
comerciales opacas ni asumir costos innecesarios.
La Unión Europea viene incrementando y complejizando sus requisitos ambientales y de
trazabilidad. Aunque sus objetivos puedan ser legítimos, su implementación puede
representar costos y dificultades crecientes para quienes producen. Frente a este
escenario, la Argentina debe prepararse, pero también defender activamente los intereses
de su producción.
El riesgo va más allá de los costos inmediatos. Estas exigencias, y otras que puedan
surgir en el futuro, pueden convertirse en límites para el desarrollo de distintos
sectores productivos de la Argentina, restringiendo inversiones, encareciendo la
producción y condicionando el crecimiento de actividades con capacidad para generar
empleo, exportaciones y desarrollo en el interior del país.
La protección ambiental debe sustentarse en objetivos concretos y reglas consistentes,
que reconozcan las legislaciones nacionales y las particularidades de cada sistema
productivo. No puede convertirse en una vía para imponer barreras comerciales ni generar
desventajas competitivas a quienes producen fuera de la Unión Europea.
El Reglamento Europeo 2023/1115, conocido como EUDR, establece requisitos de diligencia
debida y trazabilidad para determinados productos, entre ellos la soja y la carne bovina.
Sin embargo, no obliga a utilizar una plataforma privada específica. Esta diferencia es
importante: una cosa son las exigencias regulatorias y otra, las herramientas que los
distintos actores eligen para demostrar su cumplimiento.
Las plataformas de trazabilidad pueden ser útiles (como Visec u otras), pero deben
funcionar bajo condiciones claras, transparentes y competitivas. El productor tiene
derecho a conocer sus costos, quién administra sus datos, para qué se utilizan y qué
alternativas existen. La información que aporta tiene valor y debe contar con garantías
adecuadas de protección y uso.
El problema aparece cuando una herramienta que debería facilitar el cumplimiento se
convierte, en la práctica, en una condición para comercializar. Si la falta de adhesión
a una plataforma se traduce en descuentos sobre el precio de la producción, se termina
trasladando al productor el costo de decisiones y exigencias que exceden su
responsabilidad. Las nuevas exigencias no pueden convertirse en una excusa para reducir el
precio que recibe quien produce.
Tampoco podemos ignorar el riesgo de que la concentración de información en pocos
sistemas termine generando nuevas dependencias y debilitando la capacidad de negociación
de quienes producen. Por eso, necesitamos competencia entre plataformas,
interoperabilidad, aprovechamiento de los registros públicos existentes y libertad para
elegir herramientas que permitan acreditar los mismos requisitos.
Responsabilidades
La competitividad de la cadena depende también de cómo se distribuyen las
responsabilidades. Los exportadores, los frigoríficos, los intermediarios y los
productores cumplen funciones diferentes, pero todos participan de un negocio cuyo acceso
a los mercados internacionales beneficia al conjunto. No sería razonable que los costos
de adaptación recaigan desproporcionadamente sobre el eslabón más atomizado, mientras
otros concentran la información y conservan mayor capacidad para fijar condiciones.
Pero la responsabilidad no es solamente de los actores privados. La Argentina no puede
limitarse a adaptar a sus productores a cada nueva exigencia externa; también debe
defenderlos, negociar mejores condiciones y evitar que las regulaciones se conviertan en
barreras comerciales.
El Estado argentino debe asumir un papel más activo, evaluar el impacto de las nuevas
normas, participar en las instancias de negociación y reclamar reglas proporcionales,
previsibles y técnicamente justificadas. No alcanza con recibir cada nueva exigencia y
trasladar sus consecuencias a quienes producen.
Defender a nuestros productores no significa desconocer los objetivos ambientales ni
rechazar las condiciones de acceso a otros mercados. Significa reclamar que las exigencias
sean claras, previsibles y posibles de cumplir, y que las herramientas utilizadas para
acreditarlo no se conviertan en mecanismos de presión comercial ni en nuevas barreras
para producir y exportar.
La Argentina no debe elegir entre sustentabilidad y libertad para producir. Necesita
ambas. Debemos demostrar que nuestros productos cumplen con las exigencias
internacionales, pero también evitar que la adaptación a esas normas termine
concentrando información, encareciendo el acceso a los mercados y debilitando la
posición de quienes producen.
Nuestro país cuenta con ventajas ambientales y productivas que debe poner en valor.
Además, tenemos legislación ambiental propia, que establece reglas y obligaciones para
el cuidado de sus recursos naturales y el desarrollo de las actividades productivas. Ese
potencial debe convertirse en una ventaja competitiva, no quedar diluido detrás de
exigencias burocráticas o sistemas de certificación que no reconozcan adecuadamente las
características de nuestra producción.
El objetivo no puede ser que todos los productores dependan de una única plataforma. El
objetivo debe ser que la producción argentina pueda acreditar sus atributos, sus ventajas
ambientales, competir en igualdad de condiciones y acceder a los mercados internacionales
con transparencia, eficiencia y libertad de elección.
Cumplir con el mundo es una necesidad comercial. Defender la competitividad y la libertad
de nuestros productores es una responsabilidad argentina.
* El autor es presidente de Carbap



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