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Soja “libre de deforestación”: la relación costo-beneficio puede ser favorable para el productor
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Cuando todo indicaba que la Unión Europea iba a volver a prorrogar la normativa que impone la obligación de importar soja y carne proveniente de zonas “libres de deforestación”, una medida muy cuestionada por Argentina y otros países de Latinoamérica, al final -salvo que ocurra un cambio de último momento- a partir del 1° de enero de 2026 este reglamento se estará poniendo en marcha.

Esto implica, precisamente, que no se podrán exportar al Viejo Continente cargamentos de soja o sus subproductos, o de carne bovina, que se hayan producido en campos que fueron desmontados desde 2021 en adelante.

Para prepararse ante este escenario, las cadenas agroexportadoras y los frigoríficos de Argentina vienen trabajando a través de la plataforma VISEC, que cuenta con el visto bueno de los importadores europeos y ya está avanzado en su implementación.

En este marco, un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) contesta una pregunta clave y que se hacen fundamentalmente los productores: ¿Cuál es el costo de adaptarse al nuevo contexto?

Soja, deforestación y Europa

A grandes rasgos, la respuesta de la FAUBA es que los costos adicionales que suma esta medida para los exportadores son bajos y oscilan entre 1,28 y 4,20 dólares por tonelada; y que incluso podría representar un beneficio para los productores.

Para la casa de altos estudios porteña, lejos de tenerle temor a este reglamento, hay que aprovecharlo: afirman que las cadenas agroindustriales nacionales están preparadas para responder a estas exigencias y que, incluso, se pueden abrir nuevos mercados.

“La cadena de la soja es la que genera el mayor valor agregado a la economía argentina. De los 50 millones de toneladas que producimos por año, el 80% se industrializa como harina, aceite y biodiesel. La mayor parte de esto se exporta, y del total exportado, el 20% corresponde a la Unión Europea”, repasó Silvina Dal Pont, docente de Economía General en la FAUBA.

Y también recordó: “La Comisión Europea nos calificó como país con riesgo de deforestación estándar o ‘medio’. Por eso tenemos que cumplir con las disposiciones del nuevo reglamento. De no hacerlo, podríamos perder un mercado de 4.000 millones de dólares anuales”.

Para Dal Pont, no tiene sentido evadir esta responsabilidad, cuando los costos mencionados son valores muy bajos en relación con el precio internacional de la soja, que está en torno a los 400 dólares.

Un desafío, tres caminos

Por su parte, Ulises Martínez Ortiz, también docente de Economía General de la FAUBA, mencionó: “Los costos varían según dos factores: si los exportadores actúan de forma individual o colectiva, y del volumen de soja que certifiquen como libre de deforestación. Analizamos tres escenarios que combinan estas variables”.

En el primero, cada exportador actúa solo y adapta su estructura para que el 100% de la soja pase a ser libre de deforestación, más allá del destino de la mercadería. Para esto, asume los gastos adicionales de control y monitoreo ambiental, que ascienden a U$S 4,20 la tonelada.
En el segundo, cada uno compra soja de modo convencional para algunos mercados y, por separado, soja libre de deforestación solo para los envíos a Europa. Este costo adicional por ‘segregar’ la mercadería es algo menor que el anterior: U$S 3,55.
El último escenario plantea que los exportadores actúan en conjunto —como ya ocurre a través de la plataforma VISEC— y comercializan el 100% de la soja libre de deforestación, sin importar el destino. En ese caso, el costo adicional de infraestructura y trazabilidad es U$S 1,28 por tonelada.
“Aunque este es el óptimo, el costo en cualquier escenario resulta bajo respecto del precio de exportación”, insistió.

Bajo este panorama, lo que falta mencionar es qué incidencia puede tener en los productores: los docentes subrayaron que, si los exportadores se adaptan al nuevo contexto, los productores de soja libre de deforestación podrían recibir por lo menos 0,75 dólar por tonelada.

Así, solo considerando las exportaciones a Europa, este sector podría obtener más de 5 millones de dólares extra cada año.

Para Martínez Ortiz, el agro argentino ya demostró su capacidad de adaptación. “Desde 2008 cumplimos con exigencias similares en el mercado de biodiesel. Los exportadores le pagan a los productores una prima por sus productos libres de deforestación”, ejemplificó.

Y cerró: “La tendencia es global. Estados Unidos, China y el Reino Unido discuten políticas similares. Además de la soja, se aplicarán a otros productos: la carne bovina, la madera y la pulpa tendrán la misma exigencia. Lejos de ser una barrera, son oportunidades para que todo el agro de la Argentina se posicione en mercados diferenciados y más demandantes”.