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  Semillas y propiedad intelectual: “Mientras Brasil tiene 15 programas de mejoramiento en soja, Argentina solo dos”
Favio Ré
infocampo.com.ar

En el balance de los temas que han dominado la agenda pública del agro argentino en 2026, inevitablemente el debate por la Ley de Semillas tiene un apartado especial e importante.

Por el momento, se trata de una cuestión que sigue estando en la columna del “debe”, porque si bien la discusión ha avanzado –según coinciden los diferentes sectores de la cadena semillera–, la realidad es que el año se encamina a finalizar con la misma ley obsoleta de 1973 que hoy genera múltiples discusiones internas entre los obtentores de biotecnología y los productores.

Pero también hay parte que puede anotarse en el lado del “haber”: como nunca en otros años, este año hubo un debate serio y profundo que buscó definitivamente acercar posiciones y poder lograr una necesaria actualización normativa.

La Ley de Semillas, en Agromgmt

Por ese motivo, fue uno de los temas elegidos para abordar durante el desarrollo de la 3° edición de AGROMGMT, el evento organizado por Infocampo para debatir los principales temas que hacen el campo y la agroindustria argentinos tanto de la actualidad como del futuro.

El panel “Ley de Semillas y Propiedad Intelectual: ¿Quién paga la innovación?”, liderado por la expresidenta de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, reunió a representantes de todas las partes que están discutiendo estos temas:

Por el sector público, el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari.

Por los productores, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Por la industria, el gerente de Relaciones Institucionales de GDM, Lucas Amadeo.

Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE)

A grandes rasgos, las partes coincidieron en valorar que todas están haciendo el esfuerzo de encontrar una solución ante un aspecto que se ha consolidado como una de las grandes deudas que necesita cubrir la producción agrícola argentina para consolidar mayores rindes y desarrollo.

“En tres o cuatro meses hablamos más que en tres o cuatro años”, sintetizó Amadeo.

Además, resaltó que cada sector tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones y plantear sus reparos.

“Hemos sido super exitosos en definir excepciones; la industria acompaña el uso propio, pero hay que definir un productor exceptuado que tenga equilibrio”, mencionó el representante de GDM.

Lo que viene perdiendo argentina

Sin embargo, el representante de la mayor empresa semillera del país no desaprovechó la oportunidad para dejar en claro lo que Argentina está perdiendo precisamente por haber pasado tanto tiempo con este debate trunco.

“Hace más de una década que solo dos de cada 10 hectáreas en Argentina se siembran con semilla fiscalizada, cuando debemos ser top five a nivel mundial con los mejores campos para desarrollar el mercado de semillas”, lamentó.

Y luego arrojó un dato realmente elocuente sobre el impacto que esto tiene en la oferta genética: “Mientras Brasil tiene 15 programas de mejoramiento para soja, el productor argentino solo accede a dos que llevamos adelante dos empresas”.

Para Amadeo, la clave a tener en cuenta es que la genética es lo que fija el techo de cualquier cultivar, y continuó con las comparaciones con Brasil, señalando por ejemplo que en ese país se logran hoy en día rindes entre 250 y 300 kilos más por hectárea precisamente por la mejor oferta tecnológica.

“¿Cuánto nos sale como argentinos el estancamiento o no reconocimiento de la propiedad intelectual? Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario lo ubica en U$S 3.000 millones. Con la edición génica y nuevas tecnologías de breeding, podríamos ganar incluso mucho más, con un marco que otorgue previsibilidad”, completó.

Al respecto, garantizó que la aprobación de una nueva ley será el pasaporte directo a mayor inversión en el desarrollo de variedades, independientemente de cuál sea el resultado electoral de 2027.

“Si argentina va hacia un marco de reglas claras en la propiedad intelectual, la inversión en semillas no creo que espere a octubre de 2027 para ponerse en marcha. La oportunidad está latente”, continuó.

Para Amadeo, no se puede olvidar que el proceso de desarrollo de una variedad autógama –como soja o trigo– demora entre 10 y 15 años, y por eso la previsibilidad es fundamental para fomentar inversiones.

En ese punto, volvió sobre la comparación con Brasil, al subrayar que allí el 80% de la soja que se siembra tiene reconocimiento de la propiedad intelectual, contra solo el 20% mencionado de Argentina.

De todos modos, hay un factor que en ese escenario no se puede soslayar: en Brasil no existen las retenciones. Al respecto, Amadeo enfatizó: “Son un muy mal impuesto que afectan de manera directa a nuestro único cliente; por lo tanto, si afectan la rentabilidad del productor, afectan mi rentabilidad”.

De cualquier manera, eso no quita la necesidad de un marco normativo actualizado y el último pedido de Amadeo fue a los legisladores que tengan a cargo aprobar la nueva ley de semillas para que “eviten la tentación de ponerse creativos”.

“Está bueno buscar lo que funciona en el mundo, para así atraer empresas. Además, hay que lograr que los derechos que se aprueben tanto para los productores como para los obtentores, se puedan verificar ‘en la calle’”, cerró.